FGR debe hacer pública denuncia de Lozoya y dictamen de integridad física

El Inai instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar a conocer la versión pública de la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) contra diversos políticos, incluidos los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y Carlos Salinas de Gortari.

La comisionada Josefina Román Vergara presentó ante el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dos recursos de revisión sobre el caso Lozoya Austin.

En este se solicita a la Fiscalía la presentación de la denuncia así como la entrega del dictamen de integridad física que se le realizó el exfuncionario al llegar a México extraditado desde España.

Román consideró que al describir hechos o actos de corrupción atribuibles a exservidores públicos hay un interés público de difundirse mayor al recurso que hacía referencia a la denuncia del 11 de agosto de 2020 presentada por el exdirector de Pemex que bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública podría clasificarse como información reservada.

El Inai determinó que no se puede clasificar como confidencial el nombre de los exservidores públicos ni de personas físicas a quienes se atribuye los presuntos actos de corrupción, así como información financiera de entes públicos o cantidades monetarias que reflejen el flujo de recursos públicos o recursos de índole privado entregados a exservidores públicos.

También consideró que se vulneró el derecho de acceso a la información de la particular, al no informar que la denuncia no cuenta con anexos, por lo que el sujeto obligado deberá informar lo conducente a la recurrente, indicando los razonamientos por los cuales no cuenta con estos.

En el caso del segundo recurso, el Pleno del Inai determinó que la clasificación del dictamen de integridad física practicado a Emilio Lozoya, el día 17 de julio de 2020, cuando ingresó al país extraditado de España, debe superarse por la importancia que tiene para la sociedad difundir información relacionada con un exservidor público al que se le atribuyen presuntos hechos o actos de corrupción.

Román expuso que el interés público es mayor a la reserva, considerando que por dichos resultados médicos se determinó su internamiento hospitalario privado y no un internamiento en hospitales públicos o en su defecto, su inmediata puesta a disposición de las autoridades.

Además, resulta procedente la apertura del dictamen de integridad física pues la solicitud es sobre un ex servidor público que se vincula a presuntos actos de corrupción relativos a la empresa de construcción Odebrecht.

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